La Jueza de Paz Lourdes Piñeiro.
La magistrada Lourdes Piñeiro ordenó la restitución de una vivienda a un adulto mayor en el barrio Manorá de Asunción. El afectado, Osvaldo Daniel Campo, empresario argentino vinculado al ámbito futbolístico, había denunciado un presunto despojo de su inmueble mediante medidas dictadas en Juzgados de Paz de Santísima Trinidad.
Según la defensa, el caso forma parte de un esquema en el que se utilizan denuncias de violencia doméstica sin sustento suficiente para obtener medidas cautelares de exclusión del hogar y desplazar a propietarios de sus viviendas.
En la causa intervinieron inicialmente los jueces de paz Gloria Machuca y Alejandro Manuel Delvalle, quienes otorgaron y confirmaron medidas restrictivas a favor de Asunción Elizabeth Galeano Oliveira, conocida públicamente como Beth Galeano.
Galeano Oliveira ya había sido mencionada en denuncias promovidas por la familia Sardi en 2020, vinculadas a un presunto caso de estafa y a una supuesta mora de 15 meses por el alquiler de un gimnasio.
La defensa de Campo sostiene que la mujer habría utilizado de forma irregular la Ley N° 5.777/2016, de protección integral a las mujeres, para permanecer en la residencia del afectado.
El caso expone la vulnerabilidad de adultos mayores frente a disputas judiciales por inmuebles tramitadas en juzgados locales.
La situación se inició cuando Campo tomó conocimiento de una denuncia por supuesta violencia doméstica promovida por Galeano Oliveira, con quien, según la defensa, mantenía una relación esporádica.
De acuerdo con la versión del afectado, la denunciante se instaló en el inmueble y luego aprovechó su ausencia para notificarle una orden de alejamiento dictada por la jueza Gloria Machuca. Desde ese momento, Campo no pudo ingresar a su departamento ubicado en Santísima Trinidad.
La defensa sostiene que Galeano Oliveira declaró ante el juzgado que el inmueble era su domicilio particular, pese a que la propiedad pertenecería al empresario argentino. Posteriormente, la mujer promovió una demanda civil por reconocimiento de matrimonio aparente, con la que buscaba el embargo del 50% de los bienes de Campo, además de solicitar asistencia alimentaria, pese a no tener hijos en común con el afectado.
“Se utilizan este tipo de denuncias para acortar el camino de juicios que por su naturaleza deben tramitarse en el ámbito civil. Por ejemplo, juicios para dividir los bienes, como la disolución de la comunidad conyugal. Entonces, todos quieren llevar a la medida de protección y que el juez de Paz dicte fuera de su competencia decisiones. Los jueces de Paz no pueden disponer ni sobre los autos ni sobre las casas ni sobre el dinero ni cuentas bancarias, y eso es lo que también están buscando”, afirmó Alejandra Peralta, abogada defensora de Campo.
La actuación de Gloria Machuca en este caso reflota severas críticas previas sobre su gestión judicial. En noviembre de 2023, la magistrada fue acusada de emitir resoluciones de censura previa. En esa ocasión, ordenó al empresario Christian Chena y a su medio digital RDN, no referirse a Gisele Mousqués en redes sociales, utilizando también de forma distorsionada la Ley N° 5.777/2016.
La medida fue considerada por gremios periodísticos y activistas como una restricción indebida a la libertad de expresión. A raíz de ese episodio, Machuca fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por presunto mal desempeño y prevaricato.
El conflicto se extendió durante tres meses, periodo en el que Campo permaneció fuera de su vivienda. Durante ese tiempo, las medidas de exclusión dictadas inicialmente fueron mantenidas por los jueces Gloria Machuca y Alejandro Delvalle.
La defensa del empresario sostiene que Galeano Oliveira incumplió disposiciones judiciales durante el proceso, por lo que se abrió una causa penal en su contra por presunto desacato.
Según la defensa, la denunciante presentó en los últimos días una nueva denuncia con pedido de medidas de protección. Como el planteamiento ya no podía tramitarse ante el Juzgado de Paz de Santísima Trinidad, la solicitud ingresó al Juzgado de Paz de La Encarnación, a cargo del juez interino Víctor Hugo Martínez Bello, quien concedió nuevas medidas a favor de Galeano Oliveira.
Posteriormente, la jueza Lourdes Piñeiro revocó esas medidas y permitió que Campo pudiera retornar a su vivienda. La magistrada también rechazó la nueva denuncia presentada por Galeano Oliveira, con la que, según la defensa, se buscaba prolongar su permanencia en el inmueble.
Finalmente, Piñeiro dispuso la restitución inmediata de la vivienda a favor de Campo, propietario del inmueble, y puso fin a la ocupación denunciada por el afectado.
En paralelo, la defensa cuestiona que Martínez Bello haya sido incluido en una terna de la Corte Suprema de Justicia por encima de Lourdes Piñeiro, magistrada que finalmente revocó las medidas y ordenó la restitución del inmueble. Para los representantes de Campo, esa decisión resulta contradictoria frente al desempeño de ambos jueces en el caso.
RDN
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