El exdirector jurídico del Instituto de Previsión Social (IPS), José González Maldonado, admitió operar bajo el aval directo del presidente Santiago Peña. El exfuncionario selló un acuerdo extrajudicial con el Consorcio Hotelero Sudamericano SA, representado por Jorge López Moreira. La maniobra política y jurídica se consumó con una quita millonaria que perjudicó las arcas de la previsional.
La negociación irregular se concretó el 30 de julio de 2024, según consta de forma irrefutable en el acta N° 054/2024. El escenario de este pacto fue el propio Consejo de Administración del IPS, la máxima autoridad de la institución médica y previsional. La revelación demuestra cómo el poder político direccionó una decisión financiera clave a favor de un sector empresarial específico.
El debate se manejó bajo un manto de secretismo total en el punto 48 del orden del día. La discusión ocurrió justo cuando se cortó la transmisión oficial vía internet del ente. El Consejo de Administración trató sobre tablas y de forma exprés la propuesta de pago de la firma privada. Los consejeros actuaron con celeridad para aprobar la homologación del polémico pacto extrajudicial.
El secretismo y la presión en el Consejo de Administración
González Maldonado ingresó a la sesión escoltado por el asesor jurídico externo Marco Colmán. El objetivo exclusivo de la comitiva fue defender los alcances del millonario beneficio otorgado. El director jurídico dejó correr otro dato llamativo en su exposición ante las autoridades de la previsional. Informó que mantuvo un diálogo con un abogado identificado como el “Dr. Riera”.
Este último le indicó que varios profesionales del derecho llamaban con relación al juicio ejecutivo en curso. A pesar del evidente conflicto de intereses, González Maldonado presionó para cerrar la propuesta de forma inmediata. El argumento utilizado por el abogado fue la excesiva demora de los procesos en el Poder Judicial. El plan buscaba evitar el avance de los plazos legales.
El monto propuesto por la empresa fue de G. 7.500.000.000 para finiquitar el extenso pleito judicial. De esa cifra, un 5 % se destinaría al pago de honorarios profesionales relacionados con el litigio. González Maldonado operó prácticamente como un lobbista de la contraparte ante el propio Consejo del IPS. La propuesta económica implicaba una drástica reducción del dinero adeudado.
Los números del perjuicio financiero a la previsional
Los números detrás del acuerdo evidencian un millonario perjuicio para los fondos de jubilaciones y salud. Hasta la fecha de la propuesta, la deuda real del consorcio hotelero superaba los G. 10.000 millones. El pasivo correspondía a incumplimientos arrastrados desde noviembre de 2018 tras perder un juicio con el IPS. A este monto faltaba sumar una cifra idéntica por mora.
Sin embargo, el IPS aceptó cobrar apenas G. 5.557 millones por el capital principal acumulado. La institución estuvo presidida en ese período por Jorge Brítez, quien avaló la llamativa reducción. Los G. 1.942 millones restantes fueron computados laxamente como intereses compensatorios por los técnicos institucionales. Las autoridades perdonaron una fortuna en concepto de recargos legales legítimos.
El pacto cerrado sumó otros G. 412.500.000 destinados exclusivamente al pago de los honorarios profesionales. En total, la transacción de la previsional cerró en la suma global de G. 7.912.500.000. El millonario botín en concepto de honorarios fue cobrado íntegramente por el propio González Maldonado. El abogado consignó dicha cifra en una declaración jurada en 2025.
El blindaje político desde la Presidencia de la República
Para disipar dudas y forzar la aprobación, González Maldonado recurrió a su carta política más fuerte. Citó formalmente al presidente Santiago Peña para garantizar el blindaje del acuerdo ante el Consejo. El exdirector admitió que entregó el dictamen técnico a Juan José Galeano, asesor económico de la Presidencia. El objetivo fue cubrir los aspectos políticos y jurídicos del salvataje financiero.
La justificación de la maniobra se basó en la relevancia de la familia involucrada en el caso. La referencia apuntaba directamente a la familia López Moreira-Bo, ligada al expresidente Mario Abdo Benítez. Tras destaparse el escándalo, se descubrió que en el litigio intervinieron múltiples profesionales del derecho. El director jurídico realizó una distribución discrecional y arbitraria del dinero cobrado.
El exdirector omitió detallar este reparto ante la Contraloría General de la República en sus informes. Acorralado por estos movimientos financieros bajo sospecha, González Maldonado se vio obligado a presentar su renuncia. Su salida se dio ante el explosivo e injustificado crecimiento patrimonial que saltó a la luz pública. El Ministerio Público ordenó la apertura de una investigación penal por presunta corrupción.
Fuente: ABC Color
